Acusación Popular
La experiencia nos muestra que una Acusación popular ejercida de forma activa es capaz de desarrollar un papel muy útil como complemento de la labor de la Fiscalía Anticorrupción. Tras el estudio minucioso del sumario —un paso imprescindible—, el acusador popular puede moverse en ámbitos que quedan fuera de los cauces oficiales, hablar con personas que aporten información, atar cabos desde una perspectiva diferente de las cosas y, en última instancia, completar los interrogatorios a acusados y testigos durante la instrucción y en el juicio oral.
Aunque vemos que muchas de nuestras conversaciones cotidianas giran de un modo recurrente en torno a los casos de despilfarro y apropiación indebida de dinero público, esta indignación raramente se traduce en una acción constructiva. Ni siquiera los sectores directamente afectados suelen tomar medidas efectivas para defender lo suyo. Se celebran algunas manifestaciones en la calle, y eso está bien, pero hay que ser conscientes de que los cambios sólo llegarán actuando desde dentro del sistema y utilizando la herramienta apropiada: el Derecho.
Somos de los que consideran que quedan por destapar muchos más casos de corrupción que los ya conocidos. Hace mucho tiempo que los partidos políticos mayoritarios, en connivencia con algunas empresas constructoras, organizaciones patronales y sindicatos, se encargaron de anular los mecanismos de control que les impedía campar a sus anchas, causando un saqueo monumental en las Administraciones autonómicas, provinciales y municipales. Viendo que algunas tramas delictivas han llegado incluso a interactuar con otros casos aparentemente inconexos, sólo queda concluir que una parte sustancial de la clase política está cubierta, como mínimo, por una capa de corrupción.
Acreditados estos puntos —la utilidad de la figura de la Acusación popular y la inacción generalizada ante el saqueo del dinero de todos—, la estructura de la asociación que hemos constituido brinda la posibilidad de que abogados de cualquier parte de España puedan personarse como Acusación popular en nombre de la misma en procedimientos judiciales por desvío de fondos públicos.
Los abogados que se ofrezcan para ejercer la acusación popular en representación de Acción Cívica pueden contactar con nosotros para mantener conversaciones al respecto. Su labor se llevará a cabo sin contraprestación económica, como todos los miembros de la asociación, aunque se les compensará en la medida de lo posible por los gastos en que incurran.
Asimismo estaremos encantados de contar con ciudadanos que, convencidos de la utilidad social de estas medidas, estén dispuestos a proponer un abogado de su confianza y abonar sus honorarios.
Por último, indicar que el capítulo V (arts. 69 a 73) del borrador del Código procesal penal que presentó el Gobierno en el año 2013 vaciaba de contenido la Acusación popular: impedía su acceso a cualquier «persona jurídica pública o privada» y restringía su ejercicio a un breve listado de delitos. Esta nueva ley no se aprobó por falta de tiempo para su tramitación parlamentaria antes de la finalización de la legislatura, lo que no obsta para que Acción Cívica denuncie este atentado contra la Acusación popular, figura reconocida en el art. 125 de la Constitución española, y se cuestione qué hay realmente detrás de esta medida.
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