Eficiencia

Además de luchar por la obtención de sentencias ejemplares para casos de corrupción, Acción Cívica lleva a cabo una labor de divulgación de ideas y de argumentos relacionados con sus objetivos. No se trata de hacer política ni de entrar en la dinámica de los partidos, sino de armar reivindicaciones ciudadanas basadas en el sentido común y en la necesidad de gestionar bien el dinero de todos los contribuyentes.

Cada vez que tengamos ocasión pediremos por tanto a la clase política que se desprenda de gastos innecesarios y construya una Administración eficiente y bien controlada. Entre las medidas más urgentes a implantar destacamos:

1. Eliminación de instituciones innecesarias o duplicadas, comenzando por el Senado y las Diputaciones provinciales.
2. Recortes en gastos superfluos pagados con dinero público, como coches oficiales, dietas, vuelos en business, publicidad institucional, eventos propagandísticos, fiestas populares, etc.
3. Control exhaustivo sobre fondos reservados y pagos con carácter extrapresupuestario (caja fija).
4. Reformas legales para evitar nuevos episodios de despilfarro en construcciones faraónicas, infraestructuras inútiles y grandes eventos. Implantación de controles técnicos que aseguren la solvencia y la racionalidad de cualquier proyecto público.
5. Respecto al ahorro generado en estas partidas de gastos, derivación a la inversión en la sociedad, principalmente en educación, sanidad, investigación y justicia.
6. Aprobación de una verdadera ley del Mecenazgo que desplace el sistema de subvenciones públicas en áreas como Cultura y Cooperación.
7. Reducción del IVA cultural.
8. Apuesta firme por las Humanidades en la educación obligatoria, pilar básico para la formación del sentido crítico y ético de los jóvenes.
9. Exigencia de un pacto de Estado por la Educación que evite constantes cambios de las leyes educativas.
10. Una nueva ley procesal penal que incida en la agilidad y en la digitalización de los procedimientos y que respete la figura de la Acusación popular.
11. Retirada de las competencias urbanísticas a las administraciones locales, principal foco de corrupción política.
12. Eliminación de la presión política sobre los funcionarios del Estado que ejercen el control de la legalidad y la fiscalización de la gestión municipal (Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración local), en especial el sistema de provisión de puestos de libre designación en grandes municipios y diputaciones.
13. Unificación de municipios de menos de 5.000 habitantes.
14. Exigencia de control y transparencia en los partidos políticos. Responsabilidad penal sobre los encargados de su contabilidad.
15. Listas electorales abiertas para que los ciudadanos elijan directamente a sus representantes políticos.
16. Limitación a dos mandatos (8 años) para los cargos públicos.
17. Eliminación del «sector público empresarial»: fundaciones, sociedades y consorcios financiados por el erario que escapan a los controles administrativos.
18. Drástica reducción de los puestos políticos en el Consejo de Estado, Tribunal de Cuentas y Consejos jurídicos consultivos de las CCAA.
19. Adelgazamiento de la cúpula política que gobierna cada una de las instituciones.
20. Reducción al mínimo de los asesores políticos y puestos de libre designación. Las jefaturas de protocolo, de prensa, de relaciones con las Cortes, etc. deberían ser ocupadas por funcionarios de carrera.
21. Reforma de las leyes de función pública autonómicas para vincular los ascensos a los méritos, formación y capacidad, no a la elección de los políticos, siendo los funcionarios cualificados quienes velen en primera instancia por el cumplimiento de la legislación.
22. Construcción de una Administración profesional, austera, despolitizada y eficiente, garantizando el acceso a ella y los ascensos por criterios objetivos de mérito.
23. Estricta regulación de las subvenciones a sindicatos y organizaciones empresariales.
24. Implantación de una verdadera Administración electrónica, ágil para ciudadanos y funcionarios y sin incompatiblidades entre Comunidades Autónomas.
25. Derogación de la Ley Orgánica de Protección de Datos, norma que ha demostrado ser costosa e ineficaz para sus propósitos.
26. Exigencia de transparencia en instituciones y organismos estatales, considerando que la transparencia sin controles administrativos es simple maquillaje.
27. Dotación a la Fiscalía Anticorrupción de los medios materiales y humanos necesarios.
28. Concesión al Poder judicial de autonomía financiera, sin la que la separación de poderes resulta ficticia.
29. Aumento significativo de los jueces y fiscales de la Audiencia Nacional, órgano con competencias, entre otras, sobre delitos económicos con grave perjuicio a la economía nacional y narcotráfico a gran escala.
30. Aplicación en la Justicia de modernas técnicas de investigación y de análisis financiero-criminal para las operaciones encaminadas a ocultar el producto de los delitos económicos y la identidad de sus autores.
31. Apertura de un debate estatal con organismos internacionales sobre la legalización y control del mercado de las drogas, inmenso foco de delincuencia y corrupción.
32. Mejora de los mecanismos de colaboración internacional y de intercambio de información entre instituciones y organismos españoles.
33. Protección efectiva de los denunciantes de casos de corrupción, resultando ineficaz la vigente Ley Orgánica 19/1994 de Protección de Testigos.
34. Supresión del tribunal del jurado, institución que ha demostrado ser costosa e ineficiente.
35. Necesidad de motivación en los indultos que concede el Gobierno y su prohibición en condenas por corrupción política.
36. Eliminación de los aforamientos, privilegio injusto utilizado para dilatar los procedimientos judiciales.
37. Ampliación del plazo de prescripción para los delitos por corrupción.
38. Responsabilidad pecuniaria del partido en los casos de corrupción política.

No se trata, insistimos, de hacer política, sino de proponer medidas elementales desde una perspectiva cívica y humanística; sin su adopción, nuestros dirigentes seguirán careciendo de autoridad moral para exigir sacrificios a la ciudadanía.