Eficiencia

Además de luchar por la obtención de sentencias que hagan justicia y de ayudar a denunciantes de corrupción, Acción Cívica lleva a cabo una labor de divulgación de ideas y de argumentos relacionados con sus objetivos. No se trata de hacer política ni de entrar en la dinámica de los partidos, sino de armar reivindicaciones ciudadanas basadas en el sentido común y en la necesidad de gestionar bien el dinero de todos los contribuyentes.

Cada vez que tengamos ocasión pediremos por tanto a la clase política que se desprenda de gastos innecesarios y construya una Administración eficiente y bien controlada. Entre las medidas más urgentes a implantar destacamos:
1. Eliminación de instituciones innecesarias o duplicadas, comenzando por las Diputaciones provinciales.
2. Recortes en gastos superfluos pagados con dinero público, como coches oficiales, dietas, vuelos en business, publicidad institucional, eventos propagandísticos, etc.
3. Control exhaustivo sobre fondos reservados y pagos con carácter extrapresupuestario (caja fija).
4. Reformas legales para evitar nuevos episodios de despilfarro en construcciones faraónicas, infraestructuras inútiles y grandes eventos mediante la implantación de controles técnicos que aseguren la solvencia y la racionalidad de cualquier proyecto público.
5. Respecto al ahorro generado en estas partidas de gastos, derivación a la inversión en la sociedad, principalmente en educación, sanidad, investigación y justicia.
6. Aprobación de una verdadera ley del Mecenazgo que desplace el sistema de subvenciones públicas en Cultura y Cooperación.
7. Reducción del IVA cultural.
8. Apuesta firme por las Humanidades en la educación obligatoria, pilar básico para la formación del sentido crítico y ético de los jóvenes. El primer paso sería la obligatoriedad de la asignatura de Cultura Clásica en 3º de ESO.
9. Exigencia de un pacto de Estado por la Educación que evite constantes cambios de las leyes educativas.
10. Una nueva ley procesal penal que incida en la agilidad y en la digitalización de los procedimientos, que respete la figura de la Acusación popular y que impida que partidos políticos y entidades afines puedan acceder a ella.
11. Retirada de ciertas competencias urbanísticas a las administraciones locales, gran foco de corrupción política.
12. Eliminación de la presión política sobre los funcionarios del Estado que ejercen el control de la legalidad y la fiscalización de la gestión municipal (Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración local), en especial el sistema de provisión de puestos de libre designación en grandes municipios y diputaciones.
13. Límites a las puertas giratorias de los cargos políticos.
14. Exigencia de control y transparencia en los partidos políticos. Responsabilidad penal sobre los encargados de su contabilidad.
15. Listas electorales abiertas para que los ciudadanos elijan directamente a sus representantes políticos.
16. Limitación a dos mandatos (8 años) para los cargos públicos.
17. Eliminación del «sector público empresarial»: fundaciones, sociedades y consorcios financiados por el erario que escapan a los controles administrativos.
18. Drástica reducción de los puestos políticos en el Consejo de Estado, Tribunal de Cuentas y Consejos jurídicos consultivos de las CCAA.
19. Adelgazamiento de la cúpula política que gobierna cada una de las instituciones, devolviendo esas áreas al funcionariado.
20. Reducción al mínimo de los asesores políticos y puestos de libre designación. Las jefaturas de protocolo, de prensa, de relaciones con las Cortes, etc. deberían ser ocupadas por funcionarios de carrera.
21. Reforma de las leyes de función pública autonómicas para vincular los ascensos a los méritos, formación y capacidad, no a la elección de los políticos, siendo los funcionarios cualificados quienes velen en primera instancia por el cumplimiento de la legislación.
22. Construcción de una Administración profesional, austera, despolitizada y eficiente, garantizando el acceso a ella y los ascensos por criterios objetivos de mérito.
23. Estricta regulación de las subvenciones a sindicatos y organizaciones empresariales.
24. Implantación de una verdadera Administración electrónica, ágil para ciudadanos y funcionarios y sin incompatibilidades entre Comunidades Autónomas.
25. Evitar por ley que los candidatos a director de las Agencias Anticorrupción autonómicas sean propuesto por los partidos, lo que da lugar a su colonización política.
26. Exigencia de transparencia en instituciones y organismos estatales, considerando que la transparencia sin controles administrativos es simple maquillaje.
27. Dotación a la Fiscalía Anticorrupción de los medios materiales y humanos que realmente necesita.
28. Concesión al Poder judicial de autonomía financiera, sin la cual la separación de poderes resulta ficticia.
29. Aumento significativo de jueces y fiscales, lo que redunda en una mayor seguridad jurídica y justicia.
30. Aplicación en la Justicia de modernas técnicas de investigación y de análisis financiero-criminal para las operaciones encaminadas a ocultar el producto de los delitos económicos y la identidad de sus autores.
31. Apertura de un debate estatal con organismos internacionales sobre la legalización y control del mercado de las drogas, inmenso foco de delincuencia y corrupción.
32. Mejora de los mecanismos de colaboración internacional y de intercambio de información entre instituciones y organismos españoles.
33. Protección efectiva de los denunciantes de casos de corrupción, en consonancia con la Directiva europea de 2019.
34. Supresión del tribunal del jurado, institución que ha demostrado ser costosa e ineficiente.
35. Necesidad de motivación en los indultos que concede el Gobierno y su prohibición en condenas por corrupción política.
36. Eliminación de los aforamientos, privilegio injusto utilizado para dilatar los procedimientos judiciales.
37. Ampliación del plazo de prescripción para los delitos por corrupción.
38. Responsabilidad pecuniaria del partido en los casos de corrupción política.
39. Despolitización de la cúpula judicial: Consejo General del Poder Judicial y nombramiento de los magistrados de los órganos superiores.
40. Elección del Fiscal General del Estado entre juristas sin ninguna vinculación con partidos políticos.
41. Protección eficaz a los denunciantes de corrupción y uniforme en todos los puntos de España según los mejores estándares europeos. Necesidad de independencia y profesionalidad de la Autoridad Independiente de Protección del Informante (AAI) y de las Agencias autonómicas Antifraude.
42. Los puestos de gestión de organismos y empresas públicas deben quedar en manos de profesionales independientes. Nítida separación entre autoridad pública y gestión técnica.

No se trata, insistimos, de hacer política, sino de proponer medidas elementales desde una perspectiva cívica y humanística; sin su adopción, nuestros dirigentes seguirán careciendo de autoridad moral para exigir sacrificios a la ciudadanía.